El Supremo limita la sanción en relación a las facturas falsas

El Tribunal Supremo ha confirmado que no procede incrementar un 100 % una sanción tributaria cuando la expedición de facturas falsas deriva de la simulación de una actividad económica y la regularización administrativa anula las operaciones que originaron las obligaciones de facturación. La Sentencia 1.166/2026, de 20 de octubre, delimita así la aplicación conjunta de los artículos 201.5 y 187.1.c) de la Ley General Tributaria.

El origen de la controversia tributaria

El procedimiento tiene su origen en unas actuaciones inspectoras relacionadas con una actividad de transporte de mercancías por carretera. Varios socios de una sociedad mercantil figuraban formalmente como titulares independientes de dicha actividad y tributaban en el régimen de estimación objetiva.

Sin embargo, la Administración tributaria apreció la existencia de una simulación relativa. Consideró que, pese a la apariencia de independencia entre los distintos operadores, las decisiones empresariales se concentraban en la sociedad, por lo que realmente existía una única actividad económica.

Esta estructura había permitido emitir facturas que no respondían a operaciones económicas reales. La sociedad utilizaba dichos documentos para deducir cuotas de IVA soportado y gastos en el Impuesto sobre Sociedades que no se correspondían con la realidad.

Como consecuencia, uno de los socios recibió una sanción por la expedición de facturas con datos falsos o falseados, tipificada como infracción muy grave en el artículo 201.3 LGT. Además, la Administración incrementó su importe un 100 % por considerar que existía un incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación.

La impugnación de la sanción y el recurso de casación

Tras la desestimación de las reclamaciones económico-administrativas, el contribuyente acudió a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso y anuló exclusivamente el incremento del 100 %. Entendió que, al haberse declarado inexistente la actividad económica independiente, las operaciones afectadas por la regularización no podían considerarse sujetas a obligaciones de facturación respecto del IVA y del IRPF correspondientes a los periodos comprobados.

Frente a este pronunciamiento, la Abogacía del Estado interpuso recurso de casación. Defendió que la emisión de facturas falsas constituía por sí misma un incumplimiento sustancial, incluso cuando no existieran operaciones económicas reales.

La interpretación de los artículos 201.5 y 187.1.c) LGT

El Tribunal Supremo rechaza esta interpretación. Recuerda que el artículo 201.5 LGT condiciona el incremento de la sanción a la existencia de un incumplimiento sustancial, cuya apreciación debe ajustarse a los criterios del artículo 187.1.c) LGT.

Este último precepto exige que el incumplimiento afecte a más del 20 % del importe de las operaciones sujetas a facturación o que impida a la Administración conocer dicho importe.

La Sala considera que no cabe aplicar esta agravación cuando la propia regularización anula las operaciones entre los socios y la sociedad por derivar de una actividad simulada.

La doctrina jurisprudencial

El Tribunal desestima el recurso de casación y confirma la improcedencia del incremento del 100 %. La sentencia distingue así entre la existencia de una infracción muy grave por emitir facturas falsas y la concurrencia de los requisitos adicionales necesarios para agravar su sanción.

La doctrina resulta relevante para los procedimientos tributarios en los que la simulación de una actividad económica constituye el fundamento de la regularización.