Tribunal Supremo obliga a la Administración a entregar el código fuente de la aplicación BOSCO

18/09/2025

El Supremo ordena la entrega del código BOSCO

El Tribunal Supremo, mediante una sentencia emitida el 11 de septiembre de 2025 (rec. casación 7878/2024), ha condenado a la Administración a proporcionar a la Fundación Ciudadana Civio acceso al código fuente de la aplicación informática denominada BOSCO. Esta herramienta fue creada por el Ministerio para la Transición Ecológica con el fin de permitir a las comercializadoras de energía eléctrica verificar si los solicitantes cumplen con los requisitos legales establecidos para el bono social eléctrico.

Marco normativo

El alto tribunal abordó la legalidad de la entrega del código fuente, en conformidad con la Ley 19/2013, que regula la transparencia, el acceso a la información pública y el buen gobierno. El análisis también se basó en el artículo 105.b) de la Constitución Española y en el artículo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagran el derecho de acceso a la información como un elemento esencial en un Estado democrático.

Principios jurisprudenciales

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció tres principios clave:

  • El acceso a la información pública es un derecho subjetivo que puede ser exigido frente a las Administraciones.
  • La utilización de sistemas automatizados en la gestión de derechos sociales demanda una mayor transparencia, lo que puede incluir el acceso a los algoritmos y su código fuente.
  • La Fundación Civio tiene el derecho a conocer el funcionamiento interno de la aplicación BOSCO para garantizar que sus operaciones se alineen con el marco normativo vigente.

Anulación de decisiones anteriores

La sentencia del Tribunal Supremo revoca las decisiones previas de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo, así como la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En consecuencia, se estima el recurso presentado por la Fundación Civio, reconociendo su derecho a acceder al código fuente y obligando a la Administración del Estado a facilitarlo.