El Tribunal Supremo ha dictado una resolución en la que aclara que un responsable tributario puede impugnar las liquidaciones y sanciones que se le han derivado, incluso cuando estas ya hubieran sido examinadas judicialmente a instancias del deudor principal. De este modo, se confirma que la firmeza de las resoluciones contra el obligado principal no impide al responsable discutir la existencia o la cuantía de la deuda que se pretende exigirle.

Hechos probados

Declaración de responsabilidad subsidiaria

El caso se inició cuando la Administración declaró la responsabilidad subsidiaria de una sociedad por diversas deudas de otro obligado principal. Dichas liquidaciones y sanciones ya habían sido objeto de recurso contencioso-administrativo por parte del deudor principal, recayendo sentencia firme.

No obstante, la sociedad declarada responsable sostuvo que no se había valorado de forma adecuada su derecho a impugnar el fondo de las liquidaciones, ni la regularidad de la cuantía reclamada. Recalcó, además, que parte de los intereses y recargos no procedían en el ámbito de la responsabilidad derivada, pues algunos correspondían a periodos ejecutivos del deudor principal.

Impugnación rechazada en la instancia

La sentencia dictada en la instancia consideró que, al haberse estimado válidas las liquidaciones en un procedimiento previo contra el deudor principal, la sociedad responsable no tenía derecho a volver a cuestionarlas. Esta interpretación se basaba en la idea de que las resoluciones ya firmes sobre las deudas no podían ser reexaminadas por un responsable subsidiario que, en opinión del tribunal, era una parte esencialmente vinculada al principal deudor.

La sentencia de instancia desestimó la pretensión del responsable y recurso de casación | El alcance de la impugnación

Tras la desestimación, la sociedad declaró responsable presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Alegó que el artículo 174.5 de la Ley General Tributaria (LGT) reconoce explícitamente al responsable la posibilidad de impugnar las deudas y sanciones trasladadas, aun cuando estuvieran firmes para el deudor principal. También sostuvo que la sentencia de instancia había incurrido en una interpretación excesivamente restrictiva de dicho precepto y vulneraba la doctrina jurisprudencial y constitucional.

La parte recurrente, además, hizo hincapié en que la responsabilidad subsidiaria, de acuerdo con el artículo 41.3 de la LGT, se limita a lo exigido en período voluntario de pago, sin que los recargos e intereses del período ejecutivo deban formar parte de la derivación.

Análisis del Tribunal Supremo

Interpretación del artículo 174.5 LGT

El Tribunal Supremo reiteró su doctrina según la cual el responsable tributario tiene derecho a discutir no solo el presupuesto de hecho que justifica la declaración de responsabilidad, sino también la legitimidad de las liquidaciones y las sanciones que se le pretenden derivar. Este derecho no queda anulado por la existencia de sentencias firmes contra el deudor principal, ya que la impugnación de la sociedad responsable no modifica aquellas resoluciones, sino que analiza la procedencia de exigirle la deuda.

Exclusión de los conceptos del período ejecutivo

Además, el Tribunal recordó que la ley limita la responsabilidad subsidiaria a la deuda exigida en período voluntario. De ahí que no proceda incluir recargos o intereses generados en período ejecutivo, puesto que el artículo 41.3 de la LGT circunscribe la derivación a determinados conceptos, dejando fuera los que sobrepasen dicho ámbito.

Fallo del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ordenó la retroacción de actuaciones para que el tribunal de instancia examine en detalle los argumentos de la sociedad responsable sobre la deuda derivada, incluida la corrección jurídica de las liquidaciones y las sanciones que originaron la obligación. Asimismo, indicó que, de mantenerse la responsabilidad, deberá excluirse del importe a derivar cualquier interés o recargo propios del período ejecutivo del deudor principal, en aplicación del artículo 41.3 de la LGT.

En definitiva, esta resolución ratifica que el responsable tributario conserva su derecho a impugnar las liquidaciones y sanciones que le afectan, sin que la firmeza de dichas deudas para el deudor principal limite su defensa. Con ello, el Tribunal Supremo refuerza la tutela judicial efectiva de quien resulta declarado responsable y garantiza que únicamente se traslade la parte de la deuda tributaria prevista por la ley.