El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Economía Social contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJ) nº 598/2023. Esta decisión ratifica la inscripción del Plan de Igualdad de la empresa CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L., aplicando el principio del silencio administrativo positivo tras el transcurso de tres meses.

Silencio administrativo positivo tras tres meses

El núcleo de la sentencia radica en la aplicación del silencio administrativo positivo conforme a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). CULMIA DESARROLLOS Inmobiliarios S.L. presentó su solicitud de inscripción del Plan de Igualdad el 21 de marzo de 2022. La administración no emitió una resolución expresa dentro del plazo de tres meses, lo que activó el silencio administrativo positivo. Según este principio, la falta de respuesta administrativa en el tiempo estipulado implica la aprobación automática de la solicitud, obligando a la inscripción del plan.

Desestimación del recurso por parte del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal presentó un recurso de casación argumentando la inaplicabilidad del silencio administrativo positivo en este caso. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, el Tribunal Supremo, respaldado por el informe del Ministerio Fiscal, desestimó el recurso. La Sala del Tribunal Supremo confirmó que, habiendo transcurrido el plazo legal sin respuesta administrativa, la solicitud de inscripción del Plan de Igualdad debía considerarse estimada por silencio administrativo positivo.

Aplicación de la doctrina de STS (Pleno) 543/2024

La sentencia se fundamenta en la doctrina establecida por la STS (Pleno) 543/2024 de 11 de abril de 2024 (rec. 258/2022; Ilunion). Este precedente establece que una vez transcurrido el plazo de tres meses sin respuesta administrativa, el silencio administrativo positivo impide la emisión posterior de una resolución denegatoria que contravenga lo ya estimado. La doctrina reafirma que este mecanismo protege los derechos de los particulares frente a la ineficacia administrativa, asegurando que las solicitudes sean consideradas válidas cuando la administración no actúa con la diligencia debida.

Fallo de la sentencia

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del STSJ Madrid nº 598/2023, que estimó la demanda de CULMIA DESARROLLOS Inmobiliarios S.L. y declaró válida la inscripción de su Plan de Igualdad. Además, se impuso al Ministerio de Trabajo y Economía Social el pago de las costas procesales por un importe de 1.500 euros, conforme al artículo 235.1 de la Ley de la Jurisdicción Social (LRJS).

Conclusiones

La sentencia del Tribunal Supremo refuerza la importancia del silencio administrativo positivo como garantía para las empresas en la elaboración y registro de sus Planes de Igualdad. Al aplicar consistentemente la doctrina establecida en casos previos, el Tribunal Supremo asegura que las obligaciones legales de la administración se cumplan eficazmente, evitando que la inactividad administrativa perjudique a los solicitantes. Este fallo establece un precedente significativo para futuras solicitudes de inscripción de Planes de Igualdad, consolidando la protección de los derechos empresariales frente a la burocracia administrativa.